En Colombia, las personas con discapacidad tienen una protección especial dentro del marco legal. Sin embargo, muchas veces, acceder a esos derechos no es tan sencillo como debería ser. Como cuidadores, familiares o personas con discapacidad, conocer la normatividad nos da herramientas para exigir lo que nos corresponde y abrir camino hacia una sociedad más inclusiva.
El reconocimiento de la discapacidad en Colombia
La legislación colombiana ha avanzado en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, establece que la discapacidad no debe verse solo como una condición médica, sino como el resultado de la interacción entre una persona y las barreras del entorno.
El país ha desarrollado políticas basadas en esta perspectiva de derechos humanos, y algunas de las normativas más relevantes son:
- Ley 1618 de 2013:Es la norma más importante sobre discapacidad en Colombia. Su objetivo es garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad mediante ajustes razonables y medidas de inclusión en salud, educación, empleo, accesibilidad y participación social.
- Ley 762 de 2002:Ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
- Decreto 1421 de 2017: Regula la educación inclusiva en Colombia, garantizando que los niños y jóvenes con discapacidad puedan acceder a la educación en igualdad de condiciones.
- Ley 1752 de 2015:Modifica el Código Penal para sancionar la discriminación contra personas con discapacidad.
- Ley 1996 de 2019:Elimina la interdicción judicial y reconoce la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad, permitiéndoles tomar sus propias decisiones con apoyo si lo requieren.
Derechos fundamentales de las personas con discapacidad
Las leyes establecen que todas las personas con discapacidad en Colombia tienen derecho a:
✔️ Salud digna y accesible, incluyendo terapias, tratamientos y dispositivos de apoyo.
✔️ Educación inclusiva, sin discriminación y con ajustes razonables.
✔️ Trabajo digno y accesible, con oportunidades en el mercado laboral y apoyos para el emprendimiento.
✔️ Accesibilidad en espacios públicos y privados, incluyendo transporte, comunicación y tecnología.
✔️ Participación en la sociedad, sin barreras políticas, culturales o sociales.
¿Cómo exigir estos derechos?
Muchas veces, el acceso a estos derechos no se da de manera automática, sino que hay que luchar por ellos. Algunos pasos clave para hacer valer la normatividad son:
📌 Informarse sobre la legislación vigente.
📌 Solicitar apoyos y ajustes razonables ante entidades de salud, educación y empleo.
📌 Acudir a la Defensoría del Pueblo o Personerías en caso de vulneración de derechos.
📌 Denunciar la discriminación y exigir el cumplimiento de la ley.
En la Fundación, creemos que la información es poder. Conocer la ley nos permite no solo reclamar lo que nos corresponde, sino también contribuir a una sociedad más justa e inclusiva.